EL SISTEMA JUBILATORIO ARGENTINO, LA ESTAFA PERPETUA

Antes de comenzar me gustaría aclarar que no soy Contador, ni Economista, ni Abogado especialista en Derecho Previsional; por eso solicito a los lectores cierto grado de indulgencia frente a algunos errores conceptuales y, al mismo, desafío a los técnicos a intentar refutar mis opiniones, convencido de que me asiste la razón.

El sistema previsional argentino tuvo un comienzo errático, Hipólito Yrigoyen estableció  los primeros regímenes jubilatorios con no pocos dolores de cabeza provocados por aquellos que no deseaban sufrir descuentos en sus haberes aunque ese dinero significara un ahorro para el futuro. A partir de 1946, con su particular “estilo”, Juan D. Perón generalizó las jubilaciones y, con muchos aportantes y pocos beneficiarios, las diversas Cajas Jubilatorias acumularon grandes cantidades de recursos. Se diseñó el sistema para que hubiera cuatro trabajadores por cada jubilado; los aportes del 12,5 % de los trabajadores sumados al 12,5% de los aportes patronales representaba un sueldo completo y permitía garantizar el 82% de jubilación y una pequeña “ganancia” a favor de las cajas.

Todos conocemos en parte la historia. Las cajas fueron intervenidas y el Estado Nacional comenzó a tomar prestados los fondos jubilatorios reemplazándolos por documentos; al mismo tiempo los avances científicos y sociales permitieron prolongar la expectativa de vida, los trabajadores se jubilaban más “jóvenes” y vivían más tiempo, sin que nadie se atreviera a modificar las edades mínimas. Todo esto, más las recurrentes crisis económicas, los aumentos del déficit fiscal y una larga serie de etcéteras (entre las que deben incluirse las “trampas” de los propios beneficiarios) llevaron al sistema a la quiebra y a los jubilados a la pérdida de parte de su dignidad.

Dejenme “saltar en el tiempo” para recordarles que, entre 2002 y 2003, la economía argentina funcionó sin bancos. La realidad es que muy lejos de ser los “motores de la economía” que se supone deben ser los bancos en nuestro país representan un lastre limitados a comportarse como prestamistas del Estado. Así se comportó la “Patria Financiera” y, como su natural heredera, así se comportaron las AFJPs  a partir de la privatización del sistema; luego de cobrar sus comisiones y, en lugar de invertir los fondos en actividades productivas, especularon comprando nuevos “Bonos Paga Dios” que luego del Default de 2001 fueron refinanciados con una importante quita.

Llegamos entonces al primer intento de reestatización del gobierno de los Kirchner, realizado con un importante error táctico. Mientras que en los ’90 el trabajador debía hacer explícita su voluntad de permanecer en el “Régimen de Reparto” o ser pasado, de oficio, al “Régimen de Capitalización” en este primer intento el trabajador debí a manifestar su voluntad de regresar a la Jubilación Estatal; la burocracia estatal sumada a la desidia de los argentinos dio, como resultado, un escasísimo número de pases y entonces Cristina jugó su carta: la estatización por decreto.

El Estado si hizo, entonces, con la administración de los fondos y una vez más se apoderó de los mismos reemplazándolos por nuevos bonos. Se calcula que el ANSES recibió treinta mil millones de dólares, ¿cuánta expansión económica podría haber generado ese dinero si  se creaba un programa de créditos hipotecarios?; ¿Cuánta expansión económica se hubiera generado si se hubiera invertido en infraestructura?; ¡Pero no!, se fomentó el consumo de corto plazo, se le regalaron computadoras a los pibes de los colegios secundarios (en muchos casos de los que en 2011 votaron por primera vez) y se hicieron obras públicas de la manos de Julio De Vido, Lazaro Baez y Hebe de Bonaffini.

En síntesis, el Kirchnerismo se dedicó a dilapidar los fondos jubilatorios

Roberto A. Scigliano
Veterinario (UBA)